SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLEN CON LA OBLIGACIÓN
DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL
El 92% de los servidores públicos cumplieron en tiempo y forma.
La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado (SECONT) da a conocer que los 26,239 servidores públicos de la Administración Pública, obligados a presentar en el mes de mayo la declaración de modificación patrimonial, sólo cumplieron el 92% al presentar en tiempo y forma la declaración correspondiente.
Del 1 hasta el 31 de mayo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECONT recibió las Declaraciones de Modificación Patrimonial 2022, ejercicio 2021, tal y como se prevé en los Artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 89 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 33 fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se ordena que los Servidores Públicos, conforme a sus funciones y cargos, se encuentran obligados a presentar su Declaración de Modificación Patrimonial durante el mes de mayo.
Cabe señalar que, desde principios del mes de abril, se llevó a cabo una campaña masiva de difusión para hacer del conocimiento a los servidores públicos el plazo legal para presentar en tiempo y forma dicha declaración, mediante los formatos impresos, así como a través de las redes sociales, y con ello evitar la imposición de sanciones administrativas por su incumplimiento.
De esta forma, se recibieron 24,215 declaraciones a través del portal DeclaraNet, cumpliendo con ello el 92% por ciento del padrón de servidores públicos obligados de la Administración Pública Estatal, quedando un rezago de 8% que representan 2,024 servidores públicos.
Con estas acciones, el Gobierno Estado de Campeche, encabezada por la Lic. Layda Sansores San Román, promueve la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos que conforman la administración; reforzando la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Asimismo, al presentarse la Declaración de Modificación Patrimonial, se proporciona al Órgano Estatal de Control la información necesaria para llevar un seguimiento fidedigno y transparente de cada servidor público, previniendo el enriquecimiento ilícito y la corrupción dentro de la Administración Pública Estatal, resultando con esto un gobierno abierto, claro y transparente.
